Por fin Montoro ha admitido oficialmente la ya muchas veces anunciada en los medios subida del IVA. Seguramente, hay muchas razones que pueden abonan esta medida: desde la situación económica del Estado hasta la comparación con los países de nuestro entorno. La prensa recoge hoy las argumentaciones de Montoro en este sentido (Véase aquí y aquí)
No somos economistas, sino juristas y por tanto no somos quiénes para valorar esta medida. Pero desde el punto de vista jurídico, uno de los argumentos de Montoro da verdadero escalofrío: “si lo pagaran (el IVA) los que tienen que pagarlo”, en referencia a la economía sumergida, “no habría que subirlo tanto” (ver aquí)
Cuando se publicó la medida de la amnistía fiscal tuvimos la oportunidad en este blog de destacar el efecto desmoralizador que produce el agravio comparativo en el buen contribuyente, y cómo atenta este tipo de medidas a la seguridad jurídica (ver aquí, aquí y aquí)
Hoy, si no la medida, al menos la justificación, produce la misma sensación: o sea, que, como hay mucha economía sumergida, los cumplidores tienen que pagar la parte de los que no pagan. ¿Es esto lo que está diciendo, señor Montoro? Pero, ¿no es de su competencia la inspección de Hacienda, señor Ministro? ¿No sería preferible, en vez de ir por el camino fácil, intentar desmontar de verdad esa economía sumergida?
Pero, eso sí, por favor, no lo haga, como se está diciendo que va a hacer la AEAT, introduciendo más incentivos a la productividad para sus inspectores: si ya ahora la gente cumplidora se ve multada a veces por cuestiones puramente formales, nimias o discutibles, esos incentivos pueden agravar la tendencia a la sanción “del mínimo esfuerzo”, a los que más fácil es pillar (los de siempre).
En definitiva, esto -amnistía, subida del IVA e inspección- no son simples medidas económicas: si no son iguales para todos son injustas, y ello puede llegar a convertirlas en ilegítimas.
