El ministro de Justicia Ruiz-Gallardón fue entrevistado ayer por Carlos Herrera en Onda Cero, y fue preguntado por los recientes nombramientos para el CJPJ. Pueden oír la entrevista aquí. A mí me ha producido una cierta conmoción.
El hecho mismo de que la ley se haya modificado para politizar más la justicia y que se hayan verificado esos nombramientos en contra del programa del PP es, por supuesto, grave y ya ha sido comentado aquí, y otras numerosas veces. Recordemos que el programa del PP decía: “11. Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías”.
Pero, en fin, comprendemos que esa incoherencia tiene una motivación política racional, por mucho que esta motivación sea contraria al Estado de Derecho y a la división de poderes.
Y eso me irrita, pero, ay (Derecho), reconozco que lo que más me irrita de todo –humano soy- es que me digan que eso lo hacen para profundizar en la democracia, pretendan que me lo crea y me tomen por lo que no soy. En la mencionada entrevista, el ministro incluía esta perla:
“¿Por qué el Parlamento? Porque es el titular de la Soberanía. Porque el art. 1 de la Constitución dice que del pueblo español emanan todos los poderes del Estado. Todos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y poder el judicial. Si quien representa a este titular de la soberanía a todos los efectos que es el pueblo español puede elegir al presidente del gobierno de España, cuanto no más va a tener facultad para intervenir en el nombramiento del órgano de gobierno del Poder Judicial….”
Creíamos que el ministro pensaba que uno de los pilares del Estado de Derecho era la división de poderes, y que el hecho de que el ejecutivo o el legislativo pudieran influir en el judicial por medio de la promoción de los jueces era una cosa negativa. O eso se deducía de lo que dijo en la Comisión de Justicia del Congreso el 25 de enero de 2012 (páginas 3 y 4), del que extraigo este texto:
“Quiero comenzar por la cúspide, es decir, por el Consejo General del Poder Judicial y reside en el consejo una preocupación que tiene este ministro, que tiene el Gobierno y que creo que sus señorías deben de compartir: no podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución está, a efectos del ciudadano, absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión de la lucha partidista a la configuración de los órganos de gobierno de uno de los poderes del Estado. No es eso, señorías, lo que quiso el legislador constituyente”
En fin, reveladores cambios con, por cierto, interesantes connotaciones psicoanalíticas, pues nada menos que el señor padre del Ministro fracasó en su impugnación de la pretensión socialista de politizar la justicia y, cuando parecía que el hijo iba a vengar al padre, lo que hizo fue reivindicar al que le venció: Alfonso Guerra, que certificó la muerte de Montesquieu.
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