Leer el periódico en el fin de semana da para muchos posts. Ayer sábado leía una noticia que me ha encantado: ”Un decreto limita a medio año la lista de espera quirúrgica”. Y no me he resistido a hacer un mini-post, aunque no conozco ni lo que dice la norma –solo lo publicado por el Consejo de Ministros- ni la materia (por eso lo llamo filosofías baratas).
Porque es maravilloso que el Gobierno resuelva los problemas con esa facilidad, no entiendo cómo va tan mal en las encuestas. Ahora bien, me parece un poco conservador. Estoy con la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que, aunque está de acuerdo con la fijación de tiempos máximos, entiende que los establecidos son “demasiado amplios”. Totalmente de acuerdo, el Real Decreto tendría que haberse adecuado a la velocidad de la vida moderna y haber decretado un plazo máximo de una semana. O mejor dos días. Y además debería haber ordenado que todas las operaciones fueran exitosas.
Es cierto que hay algunos comentarios malintencionados en internet que dicen que, claro, como el tiempo se cuenta “desde la fecha de entrada del usuario en el registro de lista de espera”, bastará con no meterte en el registro para que no corra el plazo; o que ese plazo se añadirá a los cinco días del médico de cabecera, tres meses del especialista, otros tres meses de prueba. Habrá que ver cómo está redactada la norma pero, si es así, bastará otra norma que suprima de un plumazo esos pequeños inconvenientes para que todo quede resuelto.
Porque vamos, ¿qué se han creído estos médicos, que nos van a engañar? No, no, no, esto no es un problema de organización, ni de la cantidad de gente que tiene acceso a la sanidad pública, ni de medios económicos o humanos. Esto es un problema jurídico, no sé cómo no se nos había ocurrido antes: bastaba con ordenarlo por Real Decreto, y ya está. Es que últimamente, con esto de la crisis, se nos había olvidado la forma típicamente española de resolver los problemas: por Real Decreto. No en balde pegas una patada a una piedra y te salen cuatro licenciados en Derecho. Pero no debemos desperdiciar esta característica typical spanish, como el turismo o la construcción. Es mejor que dejemos la investigación para otros –que inventen ellos– y nosotros formemos grupúsculos de juristas especializados en cada rama del saber que, adecuada pero rápidamente informados del tema de que se trate, preparen los correspondientes decretos (luego se podrían formar unos grupúsculos secundarios para órdenes ministeriales y otras normas de inferior rango, por supuesto siempre a dedo) que de manera firme y expeditiva declaren resuelto el problema de que se trate, con graves sanciones en caso de que alguien lo discuta.
Y por cierto, se me acaba de ocurrir, y me extraña que este infravalorado gobierno no lo haya hecho ya, ¿por qué no acabar con la crisis de esta misma manera? Propongo: “Artículo Único: Queda derogada la crisis de 2007-2011”. Y para no perder la costumbre: “Esta norma entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
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