Los acontecimientos políticos de los últimos tiempo hacen que sea lícito plantearse si nuestro Estado de Derecho y, por ende, nuestra democracia, están en peligro.
Para intentar responder a esta pregunta quizá sea útil echar mano del reciente Informe a escala europea sobre el Estado de Derecho 2020 publicado por la Comisión Europea, que es una de las iniciativas del programa de trabajo de la comisión para 2020 y que forma parte del mecanismo europeo global sobre el Estado de Derecho anunciado en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyden. Sin duda, es una iniciativa loable y útil pues, como destaca la propia mencionada presidenta, “el Estado de Derecho protege a las personas frente a la ley del más fuerte”, que es la idea básica que se defiende por este blog, al punto de destacar que no puede existir una verdadera democracia sin Estado de Derecho, como específicamente se señala al principio del informe general: “Ninguna democracia puede prosperar sin tribunales independientes que garanticen la protección de los derechos fundamentales y de las libertades civiles, ni sin una sociedad civil activa y unos medios de comunicación libres y pluralistas”.
Cabe destacar la definición de Estado de Derecho, que ilustra la imagen de este post, y me permito destacar de ella como elementos indispensables los principios de legalidad, que implica un proceso de promulgación de leyes transparente, democrático, pluralista y sujeto a rendición de cuentas; seguridad jurídica, que prohíbe el ejercicio arbitrario del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales y control judicial efectivo, lo que incluye la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes; e igualdad ante la ley.
El trabajo comprende un informe general de la UE y un capítulo sobre cada país. A los efectos del comentario que voy a hacer son importantes dos datos: 1) El análisis se centró en cuatro pilares principales: el sistema judicial, el marco de lucha contra la corrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otras cuestiones institucionales en relación con los controles y equilibrios. 2) La metodología: básicamente se ha realizado con entrevistas y comunicaciones de entidades oficiales e institucionales. Al final del informe español se puede comprobar a quién han consultado.
¿Y cuál es la valoración que recibe nuestro país en “Estado de Derecho? Como se puede apreciar rápidamente en el resumen inicial, el sistema judicial español se enfrenta a “desafíos de eficiencia”, “preocupa la situación del CGPJ…porque sigue pendiente el nombramiento de sus nuevos miembros”, y la relación entre el Fiscal y el gobierno, aunque el uso de medios tecnológicos está bien asentado en el sistema judicial (¿?). Por otro lado, al parecer, “España ha reforzado su marco de lucha contra la corrupción e sus dimensiones preventiva y represiva”. En cuanto a la los medios de comunicación, la televisión y la radio están sujetos a requisitos de transparencia de su titularidad pero no en los medios de comunicación impresos. Finalmente, dice que el proceso legislativo comprende una serie de garantías de transparencia y prevé la participación de las partes interesadas en la consulta. Dice que la facultad del gobierno de promulgar decretos leyes está sujeta al control de las Cortes Generales y del Tribunal Constitucional
Se trata de un informe oficial de la siempre circunspecta y burocrática Unión Europea Pero ¿refleja la percepción nacional del estado de salud del rule of law en España? Desde luego, en mi caso, la percepción es menos neutra que la de la UE. Quizá ello pueda deberse a dos cosas: por un lado a que el informe se ha centrado en varios pilares concretos (los que hemos mencionado más arriba) y quizá no se han tenido en cuenta otros que son también importantes; por otro lado, porque al parecer dicho informe se ha basado en las normas formales –lo que está escrito, lo que debe ser- y no en las informales –los usos democráticos, la aplicación real de la norma- con lo cual no percibe lo realmente vivido.
En cuanto a lo primero, diría que una de los flancos más débiles de nuestro Estado de Derecho es que la ley no se aplica por igual en todos los territorios de la nación. Claro que hay tutela judicial efectiva, pero luego algunas leyes y algunas sentencias no se cumplen: véase las relativas a las lenguas en ciertas comunidades autónomas. No hablo ya del proceso secesionista catalán, que sigue sin resolverse, salvo en el aspecto penal (y ya veremos), pero que ha evidenciado con brutalidad un grave déficit de nuestro sistema constitucional, no en la norma, pero sí en su aplicación, generando una ejemplaridad negativa muy perniciosa-
En cuanto a lo segundo, las normas informales, quizá la crítica principal al informe es que no aprecia que si bien el diseño del entramado institucional establecido por la Constitución se encuentra al nivel de cualquier otra democracia europea, no ocurre lo mismo con los usos o valores democráticos y las prácticas políticas concretas. La enorme relevancia conferida a los partidos por el sistema electoral y la ausencia de una ley de partidos que regule su estructura ha producido un fenómeno de concentración de poder en la cúpula de aquéllos que lleva a primar la lealtad de diputados, cargos públicos, y hasta altos funcionarios sobre la eficacia y la rendición de cuentas ante el votante. Esa concentración de poder, que por su naturaleza tiende a abusar, se evidencia en la evolución de diversas instituciones desde la transición. El Parlamento, aherrojado por la correa de transmisión de los grupos parlamentarios y la disciplina de voto no es ya foro de discusión y descubrimiento de lo mejor por el socrático modo del cambio de impresiones y la negociación, sino rodillo amasador de quien disponga de votos suficientes para imponer sus consignas y argumentario coyunturales. Hay que remontarse muy atrás para recordar acuerdos en utilidad para todos.
Es más, el uso del Decreto Ley, que se valora positivamente en el informe UE, es más abuso que uso, excediéndose con frecuencia de los momentos de urgencia y necesidad para ser simplemente un instrumento de evitación de debate. Por su lado, el Consejo General del Poder Judicial, tristemente hoy en el candelero, no ha sido desde 1985 el órgano imparcial de administración de este poder, sino un colocadero político en función de las mayorías parlamentarias que, complementado con instituciones como las de los aforamientos, blindan a la clase política de los riesgos de su desempeño, alejándolos del ciudadano y de sus responsabilidades.
De las instituciones controladoras de la vida política no se puede decir otra cosa que la necesaria transparencia, independencia y rendición de cuentas se ven, con meritorias excepciones, capitidisminuidas por el hecho incontrovertible de que son los controlados quienes designan a los controladores, a discreción e impunidad. Por supuesto, este deterioro de la democracia liberal no es exclusivo de España, pero aquí, quizá por nuestra bisoñez, inexperiencia e inmadurez políticas, se vive con una mayor profundidad. Como la mismísima pandemia.
Estas son las cosas que llevamos diciendo en Hay Derecho, este año hace diez. Y creemos que la ciudadanía es más consciente de todo ello, por supuesto; e incluso cabe decir que la aparición de nuevos partidos ha tenido que ver con el agotamiento de un determinado modelo político. Sin embargo, y sin entrar en causas y culpas, parece claro que el cambio en el escenario político no ha redundado en una mejora del clima político, en moderación y mejora de las instituciones, sino que se ha acentuado la polarización y deterioro ya existente.
Quizá conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria, simplemente de los últimos tiempos: en el gobierno anterior, la corrupción, nunca asumida ni depurada en el partido, enfangó todas las instituciones; en el actual, que es el que hoy interesa, se nombra a Delgado Fiscal General del Estado, a pesar de que acentúa una dependencia política que no debería tener; se precipita una torpe ley de libertad sexual que había que promocionar como fuera en el 8M, de celebración tan controvertida este año; se prostituye el CIS en órgano de propaganda; se nombra a Pablo Iglesias para el CNI contra el criterio establecido hasta entonces; se pacta con Bildu la prórroga del estado de alarma con el acuerdo de derogar “íntegramente” la reforma laboral, acuerdo luego supuestamente rescindido por WhatsApp; se destituye por Marlaska al coronel Pérez de los Cobos porque no quiso filtrar un informe que no podía dar sobre la imputación de cargos públicos a consecuencia de la pandemia (cabe recordar la reciente intervención evidentemente teledirigida del fiscal Navajas para denigrar a otros fiscales en el caso de las denuncias particulares); el anuncio de la tramitación de los indultos y de regulación del delito de sedición como evidente medio de pago del apoyo independentista a los presupuestos; la exclusión del Rey de la toma de posesión de los jueces y el posterior acoso por ¡el vicepresidente y algunos ministros!
Los últimos hitos son bien conocidos: la propuesta de reforma del CGPJ para politizarlo sin tener que pactar con nadie (que ha motivado un manifiesto de Hay Derecho) y que la fiscalía instruya los procesos para poder dirigirlas políticamente (no quiere decirse que no pudiera instruir la fiscalía, pero en otras condiciones).
Todas estas actuaciones, y algunas más, son un salto cualitativo en el deterioro institucional. La diferencia es que ya no se disimula; se legitima la mentira directa como procedimiento político, se acepta la manipulación expresa de las instituciones a favor del poder y se ataca a las instituciones desde otras instituciones. Todo eso supone el descenso de un escalón en la escala de los valores democráticos, que produce un efecto de escándalo y polarización. De escándalo en el sentido clásico del sentido: el que incita a los demás al mal. Hasta hace poco, se deterioraban las instituciones pero al menos se disimulaba hipócritamente. La hipocresía es el tributo que el vicio presta a la virtud, decía La Rochefoucauld; pero ahora ni siquiera importa el reproche moral, y por ello, frente al ciudadano, se normaliza y se legitima esa conducta como modo correcto de actuar.
Y la polarización, y con ella el rechazo del acuerdo, el maniqueísmo, la conversión de las disputas en personales, e incluso la violencia del discurso público, son consecuencias inevitables. El abuso será visto como una ofensa que solo puede producir reacciones emocionales. Y una vez que se está en la espiral maniquea es difícil salir de ella, porque, cuando las emociones priman, el pactista, el equilibrado, el centrista son vistos como tibios o traidores.
Estamos en una situación difícil. Creo que nuestra trayectoria de diez años criticando a los desmanes, corrupciones y tropelías de gobiernos de una y otra ideología avalan que podamos decir esto sin riesgos de perecer partidistas. Todos han contribuido a este deterioro, pero tras deslizarnos mucho tiempo una larga pendiente empezamos a ver el abismo.
Hoy se vota una moción de censura al gobierno. El anterior a éste también sufrió otra, y la perdió. Ambos eran merecedores de una censura, por diferentes razones, aunque todas tienen que ver con un Estado de Derecho que tiene una salud en la práctica bastante peor del que resulta del informe de la UE, aunque no parece que Europa sea totalmente ajena a esta realidad.
Las mociones de censura, en cambio no tienen que ver tanto con la realidad como con las necesidades de cada partido, que impondrán una escenificación que no corresponde a la situación real. Es lógico, las reglas, las instituciones imponen esa lógica. Pero precisamente por ello debemos comprender que si se quiere revertir esta situación real será preciso asumir que, independientemente de las necesidades a corto plazo, será necesario llegar a acuerdos a largo para obtener las mayorías necesarias. ¿Entre quienes? Me basta con que sea entre quienes respeten las instituciones y las normas.
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