¡Ay, Derecho! Si no me pillan, es legal: el caso Monago

Publicado en el Blog ¿Hay Derecho? el 14 de noviembre de 2014.

Por sí teníamos poco con la ola de corrupciones de los últimos tiempos, el bueno del presidente de Extremadura se nos descuelga ahora con un caso que no es, para nada, nuevo en su diagnóstico y etiología, pero que tiene el dudoso honor de que ser una completa antología del disparate pues logra reunir lo inmoral, lo incoherente y lo cínico en un único panorama verdaderamente grotesco. Primero dice el hombre que los viajes los había pagado él; luego que lo va a devolver todo -dejando claro que no lo había pagado todo- y luego el bueno de
Rajoy, que no ha tenido su mejor semana, se presta a salir en la convención del PP que, para más INRI, tenía como objeto las Buenas Prácticas, apoyando incondicionalmente a quién visitaba a cierta señora residente en Canarias con cargo al erario público, y todo ello aderezado por estruendosos aplausos de sus correligionarios extremeños y llorosas palabras del mentor político de Monago, como sacado del asilo para la ocasión con el objeto de enternecer a quienes aún albergaran alguna duda de la honradez cristalina del fogoso mandatario. Pero es que, casi en la misma frase, el presidente no se corta en anunciar medidas de regeneración, sin percatarse de que previamente hubiera sido imprescindible no apoyar lo que apoyó.

Para acentuar más el despropósito, se da la circunstancia de que el sucesor en el refocile canario, un diputado por Teruel, “es dimitido” a la voz de ya porque se ve que la señora Rudi no tiene intención de prorrumpir en esos estruendosos aplausos, con lo cual deja en evidencia al gerifalte extremeño, por mucho que el turolense alegue en plan torero que se va porque no tiene por que aceptar las críticas que le han hecho por Twitter y por devoción a su familia. Es que son muy familiares.

Pero, en fin, más allá de lo ridículo de la situación, que poco nos afecta porque estamos curados de espanto,lo grave es lo que todo esto revela palmaria y transparentemente  el funcionamiento interno, real, de nuestro sistema político porque a nuestra casta le parece una cosa normal que en ciertas instituciones como el Parlamento, el CGPJ, Bankia (y ya veremos si hay alguna más) los empleados puedan gastar dinero sin control ninguno, algo que no ocurre, creo yo, en la Administración Central -otra cosa son las autonómicas- ni, por supuesto, en la empresa privada, en la cual el refrán “el ojo del amo engorda el caballo” es Verdad Revelada. No, la clase política es distinta, y al parecer más elevada y confiable, fuera de toda duda posible: no, “el congreso no es un colegio y los parlamentarios son mayores de edad”, hecho incontrovertible que aleja toda posibilidad de acto inmoral o ilícito, como demuestra la impecable e impoluta ejecutoria del PP y de otros partidos en los últimos tiempos. Normal que diga el ínclito Posadas: “Yo no pienso ejercer de controlador de la labor de los diputados. No soy partidario de controlar la actividad del diputado que, en algunos casos tiene un carácter que, si no es secreto, al menos es discreto”. Y tan discreto, al menos en este caso.

No se acaban de enterar nuestros representantes que el dinero público sí es de alguien, concretamente del Estado e indirectamente de los contribuyentes que son quienes lo ponen. Y por ello hay tres máximas muy sencillitas que los administradores deberían comprender:

Primero, queremos enterarnos de en qué lo gastan, más que nada porque, como lo ponemos nosotros y sólo lo ponemos para cosas que nos interesen, nos gustaría saber cómo se usa para así, si surgiera alguna discrepancia sobre si se ha usado bien o no –cosa que no es de prever, por supuesto- podamos protestar y eventualmente recuperar ese dinero, que nos cuesta bastante obtener a la mayoría de los ciudadanos, estrujados frecuentemente por los órganos de ese Estado que requiere ansiosamente nuestra colaboración económica. Es eso de la transparencia de lo que se habla tanto y para lo que han perpetrado una ley cuyo espíritu, parece, no va con ellos. Y es que tengo para mí –pero es un suponer malicioso- que si hubieran aparecido en una web todos los viajes de Monago y los motivos de los mismos no habría habido treinta y dos, que habría habido muchos menos. O incluso ninguno.

Segundo, nuestros representantes no tienen ninguna presunción de inocencia. Al contrario, la tienen de culpabilidad. La presunción de inocencia es un expediente procesal en el marco del Derecho Penal para evitar que paguen inocentes por simples indicios. Pero en el mundo real, cuando se maneja dinero de otro no  hay nada que presumir: si me falta dinero de la caja, falla la confianza y te vas a la calle. Yo lo decía yo en un antiguo post sobre Bárcenas, pero hay que seguir insistiendo: una cosa es la responsabilidad penal, y otra la política, y para ésta basta la falta de confianza. No tiene Monago, como decíamos ayer irónicamente en una reunión familiar, un “colchón de confianza”. A efectos prácticos, estas situaciones deberían conducir a la dimisión de los cargos políticos que no lograran explicar suficientemente estas acusaciones, aunque no derivaran en responsabilidad penal.

Tercero, colofón inmediato de las dos anteriores: las cosas son buenas o malas con independencia de que alguien te esté mirando. Parece como si hubiera un principio general del ordenamiento jurídico-político español que se podría enunciar así: si no me pueden pillar, es legal, y si es legal, es bueno. Este principio está en la raíz del caso Divar o de las recientes tarjetas black. Esta regla no escrita se basa, por un lado, en una cuestión cognitiva que les relaja la conciencia, una especie de “estado confusional” que aqueja a nuestros políticos (como ese que ha aquejado al insigne sindicalista de Bilbao que tiene un millón de euros) y que les impide cuestionarse, si les dan una tarjeta o si les pagan sin más un viaje, si tales beneficios están relacionados con su trabajo o son algo particular, y sacar las conclusiones pertinentes; por otro, en una cuestión emocional, que consiste en considerarse inimputable por la alta misión que desarrollan, que justifica cualquier gasto, grande o pequeño. Y ya no te digo un miembro del Senado, ese órgano insustituible cuyo utilidad nadie se cuestiona porque no tiene importancia que sea redundante o repetitivo. Dos raciones de políticos no es tanto.

En el caso Monago se reúnen todas esas circunstancias: falta de trasparencia en los viajes, presunción de inocencia enmascarada en que fuerzas ocultas le atacan porque precisamente es un paladín anticorrupción, y se trasluce claramente que ha considerado que si no tiene que justificar el motivo de los viajes es porque puede hacer lo que le dé la gana porque es como si fuera suyo. He tenido la oportunidad de oír también argumentos que trataban de quitar hierro a la cosa, que estaba separado y estaba viendo a su novia y que hay que conciliar la vida familiar y laboral, que es normal que el Congreso o el Senado te pague los viajes hasta dónde está tú familia, pero me temo que le va a costar justificar treinta y dos viajes a Canarias a un Senador por Extremadura, porque por muy amplio que tengamos el concepto posmoderno de familia, no creo que quepa incluir en esos desplazamientos ni la visita a la novia a varios miles de kilómetros ni tampoco desplazamientos que no sean estrictamente del Senado sino para un mitin del partido, que tampoco tenemos que pagarlo todos.

Claro que tengo que reconocer que si este asunto me da cien patadas no es sólo por el dispendio, sino también, y casi más, por la forma en que ha reaccionado el sistema: el presidente diciendo que le apoya sin más e incluso prometiendo huecas reformas en materia de corrupción contradichas ipso facto por la realidad al no actuar contra lo que tiene delante de las narices; los compañeros de partido, que no vacilan en apoyar a uno de los suyos de una manera tan cerrada que nos muestran claramente que no es uno de los nuestros, de los ciudadanos; el presidente del Congreso que renunciando a controlar a los diputados nos está diciendo que le importa poco que se gaste bien o que se gaste mal, porque ese dinero no sale su bolsillo. Y todo esto en un contexto de alcaldes detenidos, Eres, y jordipujoles. No se sabe si son unos inconscientes, topos de Podemos, quieren destruir el sistema o todas las cosas a la vez.

El otro día volvíamos Rodrigo Tena, Elisa de la Nuez y yo mismo de presentar nuestro libro en Barcelona y, reflexionando sobre estas cosas, nos preguntábamos si para evitar la corrupción y las malas prácticas era más importante la educación y la ética (esos buses extranjeros que nadie controla, esos dispensadores de periódicos que se pagan voluntariamente) o si es mejor que existan los controles necesarios para que las instituciones estén a prueba de corruptos, e importe menos la honradez personal. Al final concluimos que lo mejor sería que uno se autocontrolara; pero mientras eso no pueda ser así, porque ni somos suecos ni lo seremos a corto plazo, hay que reforzar las instituciones con transparencia y con controles.

De momento, podemos votar en change.org para que el Congreso y el Senado hagan públicos los gastos de los parlamentarios.