Los CTS de las eléctricas: el que tiene padrinos, se bautiza o ¿a usted le perdona algo el Estado?

Publicado en el Blog ¿Hay Derecho? el 27 de noviembre de 2014.

Desde que mi hermano Fernando y yo hemos llegado casi al estadio máximo del ser humano –ser contertulio o “tertuliano”- nos sentimos capacitados para hablar con rotundidad de cualquier cosa así que hoy voy a hablar del generoso perdón de una deuda de un Gobierno a las todopoderosas eléctricas de este país, a consecuencia de los famosos Costes de Transición a la Competencia que, desde luego, no es de mi negociado
habitual, aunque sí muy propio de este blog. La cosa viene a cuento de la denuncia que hizo en Anticorrupción la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético por la cuestión de la Puerta Giratoria de los políticos y el sector eléctrico, pero que luego se amplió a un supuesto delito de malversación por haber permitido que las eléctricas cobraran de más a los ciudadanos 3400 millones de euros de los llamados CTCs y que, aunque parecía dormir el sueño de los injustos, resulta que ahora ha despertado sorpresivamente con la citación a varios abogados del Estado y cargos públicos de la época del PSOE (ver aquí la extensa y detallada noticia de El País)

¿Pero esto cómo puede ser? Pues puede ser y ha sido, pero conviene hacer un pequeño recordatorio para entenderlo:

Los CTCs  fueron creados en 1997 por el Gobierno de José María Aznar como un mecanismo para “compensar” a las eléctricas por los posibles perjuicios que les generaría  la liberalización del mercado a la que la UE (menos mal) nos obligaba y garantizarles así un retorno de la inversión realizada hasta entonces, lo cual es muy dudoso porque muchas de esas inversiones se hicieron con expropiaciones o con dinero público (presas, etc) y todavía más la forma de hacerlo puesto que era imposible prever de antemano siquiera si en el futuro iban a tener un perjuicio compensable.

La compensación, que benefició a Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico, consistió en garantizarles durante 10 años un ingreso de hasta 36 euros por megavatio/hora,  siempre que el mercado marcase un precio inferior y hasta un tope de 8.600 millones, lo que en definitiva significaba garantizarles un precio mínimo, algo absolutamente inaudito desde la perspectiva de la libre competencia por lo que, según me cuentan mis fuentes, fuimos ya entonces como país el hazmerreir de Europa y nuestras energéticas las más envidiadas de entre sus homólogas de otros países de nuestro entorno.

Ahora bien, el mecanismo tenía un problemilla para las empresas beneficiadas: si el precio de mercado era superior a 36 mw/hora, el resto debían devolverlo al Estado. Y esto empezó a pasar a partir del 2005, cuando como consecuencia de la subida del precio del petróleo y del gas el precio subió  hasta los 50 euros.

En junio de 2006, el Gobierno del PSOE decidió cancelar los pagos de CTCs, dando por finiquitado este sistema por la vía de un decreto-ley. Sin embargo, dejó pendiente la liquidación final, aunque según datos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la suma de la deuda correspondiente a todas las compañías oscilaría entre los 2.500 y los 3.400 millones.

Según indica El País, en 2008, la propia Abogacía del estado informó diciendo que había que reclamar esas cantidades, señalando que el plazo para hacerlo era de cuatro años a partir de junio de 2006, cuando el decreto ley abolió los CTC. Así que Industria tenía hasta junio de 2010 para reclamar el dinero mediante una norma.

Pues bien, el Estado nunca reclamó a las empresas eléctricas lo que habían cobrado de más y cuando llegó el PP al gobierno en 2011 y se encontró con  la documentación del caso, consultó de inmediato a la Abogacía del estado, la cual informó diciendo que había prescrito la posibilidad de reclamar las cantidades.

Todo esto parece, cuanto menos, un poco raro. Desde luego, no lo es que las eléctricas no hayan hecho ademán de pagar, llevándose la mano a la cartera; esto es hasta cierto punto normal, porque en la naturaleza del moroso está mirar hacia otro lado y callar o enredar y complicar. Pero lo que no se comprende es que sea el acreedor el que mira hacia otro lado y deje que se le escapen 3400 millones de euros así por así, salvo quizá por la cuantía sea irrelevante para el Estado. Total, es el precio por el que Orange compra Jazztel, la facturación de Nespresso en 2011 o el patrimonio estimado de la duquesa de Alba. Minucias, sobre todo ahora que nos sobra el dinero.

Y, como ya he tenido oportunidad de decir otras veces, en materia de responsabilidad política no hay presunción alguna de inocencia, sino de culpabilidad, porque se basa en la confianza y la pérdida de confianza no se produce con las mismas restricciones con que se entiende cometido un delito; no, ésta se produce en los mismos casos que se produce en la vida civil o mercantil: lo que no haría uno en su vida civil (la diligencia de un buen padre de familia) o una empresa normal (la diligencia de un ordenado comerciante)no puede permitirse en el sector público, porque no cabe entender que esos estándares de conducta puedan relajarse precisamente en lo más importante: en lo que es de todos.

O sea, que si pierdes la confianza, tendrías que irte a la calle. El problema es que muchos de estos señores están ya en la calle y el asunto ya está judicializado, lo que significa que sí que entrarán en juego esas presunciones tan rigurosas a las que me refería antes y que la atribución de responsabilidad civil o penal exigirá la demostración de un nexo causal entre el acto u omisión y el daño causado, lo cual no es siempre fácil.

Y todavía es menos fácil si se trata de otras conductas mucho más complejas y casi indemostrables; pero, en todo caso, parece bastante impresentable que el Estado haya procedido a una especie de condonación tácita de deuda a las eléctricas y haya cuarenta y tres ministros (43) que se sientan en consejos de administración de las compañías relacionadas con la energía sin que aquí nadie haya salido a darnos alguna explicación convincente de por qué, siendo conocedores de esta deuda al haber desempeñado funciones públicas, no han instado a su principales a cumplir sus obligaciones (ya que estaban tan oportunamente a sus consejos) o no han dimitido al ver que las eléctricas miraban para otro lado. ¿Pido mucho? Quizá, pero entonces podrían dimitir ahora de sus consejos, dado que ya ha explotado todo. O por lo menos Solbes y la vicepresidenta del gobierno Elena Salgado, fichada por Endesa a los dos meses de dejar el gobierno

En definitiva, puede que pensar que este revolving door entre eléctricas y Estado (que hemos tratado antes en el blog y que se cuenta muy bien aquí) pudiera de algún modo afectar a este presunto trato de favor quizá sea un bulo infecto propio de nuestras mentes calenturientas y, desde luego, aunque fuera verdad sería muy difícil de demostrar; pero no cabe duda de que estéticamente es verdaderamente chirriante. Y esto nos revela que el asunto tiene una naturaleza política de primer nivel porque afecta al buen hacer de todo el sistema político y económico: como decimos en nuestro libro, se supone que el sistema capitalista es el más eficiente para la asignación de recursos porque se basa en la competencia entre los actores de la economía: la gente compite por mejorar y agradar al cliente, y eso redunda en un progresivo desarrollo y en un continuo esfuerzo por la eficiencia. Pero es un sistema delicado que puede sufrir fallos, como problemas derivados de posiciones de dominio en el mercado o de asimetrías en la información o los que se dan cuando los actores del capitalismo prosperan no porque hagan las cosas bien sino por tener el favor de los que mandan, en lo que ha venido a denominarse capitalismo de amiguetes o capitalismo castizo, en el que las reglas que se le aplican a usted o a mí, lector no ministro o perteneciente a elite extractiva, no se aplican a ciertos actores del juego económico.

Como bien dice Luis Garicano en su libro “El dilema de España”, la actividad de captura de rentas (y no su creación) tiene dos consecuencias nefastas, según recientes investigaciones: primero, tienen retornos crecientes, lo que significa que cuanta más gente se dedica a ellas, mayor es su retorno relativo comparado con las actividades productivas, hasta que la actividad productiva desaparece. Segundo: estas prácticas afectan particularmente a la innovación de la que, como veíamos anteriormente, depende fundamentalmente el crecimiento económico.

Esperemos que en este caso la Justicia pueda ir tirando del hilo de las responsabilidades para esclarecer responsabilidades, porque nos va mucho en ello: al final es su bolsillo el que acaba pagando estas cosas, lector.