Dicho eso, es cierto que, aun
siendo locales y autonómicas, estas elecciones tenían un significado especial,
una explicación
plebiscitaria sobre el
gobierno nacional de coalición que no sólo no ha tratado de evitarse sino que
ha sido promovido por el propio gobierno de Sánchez, a pesar de las reticencias
de algunos de los barones regionales.
Y la prueba de que era así es que
el presidente del gobierno lo ha interpretado en clave nacional y ha convocado
inmediatamente elecciones generales. Un gobierno de coalición entre un partido
tradicional y de Estado y un partido
antisistema ha conducido a decisiones difícilmente aceptables por una parte muy
importante de la sociedad, porque han tocado cuestiones y puntos considerados
esenciales para una normal convivencia y que han afectado a la neutralidad de
las instituciones, la unidad nacional, la división de poderes, el reparto de
premios políticos y castigos a través del Código Penal. No se ha vacilado en
ofender los presupuestos básicos del sistema democrático y además se ha hecho
sin remordimiento ni vergüenza, contradiciéndose sin rubor y falseando la
realidad descaradamente. Obviamente, eso tiene un coste. Como decía Abraham
Lincoln, “puedes engañar a todo el mundo
algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a
todo el mundo todo el tiempo".
¿Las elecciones en julio
resolverán el problema? Si hay un cambio político se resolverán algunos
problemas inmediatos que han exacerbado a parte de la población: quizá haya más
estabilidad en el gobierno, menos gasto populista inútil, menos identitarismo
agresivo, menos leyes dañinas para el funcionamiento de la economía, menos
polémicas estériles. Salvo, eso sí, que sea necesario un pacto de la derecha
con su extremo y nos encontremos con una reacción en sentido contrario
polarizador y reactivo.
Porque lo que creo que lo
esencial es que el país vuelva a la
centralidad, al sentido común y a los valores democráticos. Como se expresa
en un libro que luego mencionaré, el “bibloquismo”, los cordones sanitarios y
la falta de diálogo son una impostación de los políticos que no existe en la
realidad de los ciudadanos. Quizá el hecho de que, en las democracias
occidentales, el estado del bienestar haya reducido las diferencias esenciales entre
los ciudadanos haya hecho que los partidos pugnen en cuestiones accesorias –como
muchas de las identitarias- para lograr un discurso diferenciado de los demás,
polarizando su discurso.
Por supuesto, lo primero que necesita el país es cambiar
a las personas, y con ellas sus políticas dañinas e incompetentes. Es
curioso observar como en otros países, como Reino Unido, los primeros ministros
son removidos por su propio partido cuando no funcionan. Aquí tiene que ocurrir
una catástrofe o un error mayúsculo como el de Casado para que esto ocurra: los
barones regionales han asistido asombrados a lo que ocurría. Pero una vez
cambiadas las personas, necesitamos liderazgos que no se limiten a ponerse
ellos en lugar de los otros. Es un
momento histórico, una oportunidad de la que dependerá nuestro futuro y que
pasa por hacer entender a la población que no se trata de tener razón, de que
triunfe su ideología, sino de encontrar soluciones a los problemas económicos y
sociales, pero también, y en un lugar destacado, de reforzar un sistema
democrático y constitucional que se ha puesto en tela de juicio en los últimos
años con grave perjuicio no sólo para el derecho o la ética, sino para la
economía y el bienestar de un país que, en buena parte, depende que se respeten
esas reglas que benefician al más eficiente, al más justo, al más trabajador o
al más competente.
Recientemente se ha publicado el
libro “La democracia menguante”, escrito un grupo de profesores del Colegio
Libre de Eméritos Universitarios, coordinado por Manuel Aragón Reyes, que
recoge un informe que llama la atención sobre la situación de deterioro en que
se encuentra la democracia española, que está poniendo en grave riesgo el
adecuado funcionamiento de nuestro sistema constitucional. Igualmente el informe
sobre el Estado de Derecho de la Fundación Hay Derecho ha puesto de manifiesto
este grave problema. Si el Tribunal Constitucional está contaminado por el
partidismo político; si los nombramientos de los tribunales superiores de
justicia se realizan por el criterio de sintonía con el poder y no por
competencia; si la neutralidad del CIS es igual a 0; si la imparcialidad de las
agencias y otras instituciones del Estado es dudosa; si en las empresas
públicas y otros cargos de la administración se cubren con amigos y no por los
más competentes… Si todo esto ocurre y no se cambia, corremos el riesgo de que
los siguientes que vengan usen indebidamente del poder colonizando unas instituciones,
ya maltrechas y debilitadas, en su propio beneficio.
Necesitamos un cambio. Un cambio de personas, pero también de
actitudes y de talante. Un cambio de fondo inteligente y profundo en el que
la voluntad de llegar a acuerdos prime sobre la ideología. Un liderazgo que
comprenda que es preciso rescatar las instituciones de la colonización
partidista y que es necesario que las normas se cumplan, porque eso es bueno
para todos. Por supuesto, las reglas electorales son las que son, y no sabemos
qué pasará, pero indudablemente tenemos una oportunidad de cambio crucial.
Esperemos que nuestros representantes sepan aprovecharla.
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